El movimiento social ambiental junto a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y la Universidad José Simeón Cañas, se pronunciaron frente a los indicios que el Estado salvadoreño revierta la prohibición de la minería metálica en el país.
Según el movimiento social ambiental en los últimos días se ha tenido conocimiento que el gobierno ha sostenido reuniones con especialistas del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF). Esta organización de origen canadiense es promotora de la minería en países miembros.
De acuerdo al Ministerio de medioambiente la visita de los especialistas del Foro tenía como objetivo determinar la viabilidad de la explotación de canteras para obtener recursos básicos para la industria de la construcción.
Según MARN “al finalizar la visita de la empresa consultora se espera tener un diagnóstico de la industria minera en El Salvador y conocer la situación real de los recursos a fin de evaluar los aspectos sociales, económicos, legales y medioambientales “.
Con la integración reciente de El Salvador a este Foro y con la creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de octubre buscan como objetivo principal autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades de minería metálica.
Estos últimos acontecimientos han causado alarma en los movimientos sociales, pues indican que todo va encaminado a una reversión frente a la minería metálica en el país.
En tal sentido las organizaciones sociales hacen un llamado a la población a estar atentas ante cualquier propuesta que el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo pueda hacerle al gobierno para revertir la ley en contra de la Minería, e hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa y al Foro, a transparentar los objetivos y resultados de su visita.
Las organizaciones también exigieron a la Asamblea acelerar la ratificación del derecho humano al agua en la constitución y agilizarla aprobación de una ley que garantice prioritariamente agua para la población.