El proceso busca fortalecer los conocimientos y saberes de las personas defensoras del territorio para exigir el respeto a sus derechos humanos.

Con el objetivo de fomentar  capacidades y recursos en asesoría legal comunitaria, se ha finalizado un proceso de formación dirigido a 20 participantes de estructuras organizativas de la Comunidad Santa Marta, Santa Lucia y Santa Rosa La Maraña, en el departamento de Cabañas. Con esta actividad, los liderazgos también han aumentado sus conocimientos para realizar acompañamiento jurídico y hacer denuncias por violaciones a sus derechos humanos y del territorio.

Para lograrlo, se realizaron ocho jornadas con enfoque en la metodología participativa teórica-práctica con base a las técnicas de la educación popular, con miras al respeto y la creación de estrategias que promuevan el trabajo en equipo, a partir de la propia experiencia.

Dicha propuesta, se acompañó de la visión de propiciar espacios de análisis individuales y colectivos de cara la fuerte crisis ambiental que enfrenta el país, en un contexto de vulneración a los derechos humanos, provocado por el modelo de desarrollo extractivista y patriarcal dominante en nuestro papis, el cual  pone en riesgo la forma de vida de las personas ligada al territorio.

Los temas desarrollados fueron variados; derechos universales, mecanismos de denuncia, estudio de casos, herramientas de asesoría legal, mecanismos de articulación y vinculación, liderazgo comunitarios y plan de acción.

Y es qu, no es un secreto que en El Salvador existen vacíos en cuanto a la aplicación del sistema judicial, situación que golpea más a quienes no cuentan con acompañamiento ante la violación de sus Derechos Humanos, es decir no tienen acceso a servicios jurídicos que sean oportunos, eficientes y accesibles. La mayoría de casos son engavetados, criminalizados o resueltos con base a arreglos bajo la mesa.

En este sentido, es necesario y urgente, que exista una alternativa de acompañamiento y formación de asesores legales comunitarios, para que ellos conozcan herramientas que puedan poner en práctica ante cualquier vulneración. De esta manera no tendrán que trasladarse hasta la capital para buscar asesoría legal y puedan de forma oportuna acompañar casos que se originen dentro de la comunidad, buscando posibles soluciones.