Bajo el lema “Unamos nuestras voces para la divulgación de la ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador”, la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) realizó el Foro departamental por la defensa de la Ley que prohíbe la minería metálica.

Dicha actividad tiene como objetivo que las comunidades de Sensuntepeque y Victoria, Guacotecti y San Isidro en Cabañas, conozcan el marco jurídico que contempla la Ley y así exigir a las autoridades la correcta aplicabilidad. Además, se socializaron las propuestas de Ley de soberanía alimentaria y Ley general de aguas.

En el encuentro participó la comunidad Santa Marta, El Zapote, La Uvilla, La Maraña, El Bañadero y Hacienda Vieja, además de instituciones como El Foro Nacional de Salud, El Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud y la Unidad ecológica salvadoreña (UNES).

Conociendo la propuesta de Ley de soberanía alimentaria

Durante el encuentro, los y las participantes plantearon que la divulgación del tema, a través de campañas radiales en medios locales, es un pilar importante al permitir a la población conocer las temáticas.

Además, señalaron que la educación debe ser desde las comunidades, para que conozcan la propuesta de ley y conseguir así que el pueblo sea consiente y este informado de los beneficios a la salud.

Asimismo, se mencionó al Ministerio de Educación como el encargado distribuir la información de la propuesta de ley a nivel de las escuelas, para que niños y niñas conozcan desde edades tempranas la importancia de la buena alimentación.

La urgente capacitación fue otro elemento recurrente en las mesas de trabajo, por ello los y las participantes mencionaron la necesidad de incentivar a las comunidades a prepararse en el tema e incorporarse a los procesos de agricultura orgánica. Estos procesos deben garantizar que las personas capacitadas pongan en práctica lo aprendido.

Paralelamente, se deben crear redes nacionales e internacionales de trabajo y movimiento campesino, así como alianzas con organizaciones ambientalistas que defiendan la iniciativa de la agricultura orgánica y activa en las temáticas.

De igual forma, se mencionó la importancia de elegir actores políticos que respondan la iniciativa y que asuman la responsabilidad de aprobar una Ley de soberanía y seguridad alimentaria.

Se enfatizó que las instituciones deben buscar mecanismos que garanticen la alimentación sana y restringir a las empresas transnacionales y que las instancias de gobierno deben crear programas amigables con el medio ambiente, que permitan la continuidad de la vida cambiando las prácticas de producción tradicionales.

Respecto a la Ley general de aguas.

La propuesta de Ley general de aguas, presentada en 2006 y que aún no ha sido aprobada, señala que debe existir la autoridad comunitaria que incluya líderes y lideresas de las comunidades, ADESCOS y comités que regulen y responsabilicen a las entidades que producen contaminación, motivar la siembra de árboles y evitar la deforestación, además de prohibir el uso de agroquímicos.

En este sentido los y las participantes propusieron organizarse y realizar actividades de incidencia frente a la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial; para exigir la pronta aprobación de la Ley general de aguas. Es importante mencionar que enfatizaron en la creación de contralorías ciudadanas.

Durante el encuentro se hizo hincapié en la necesidad de que las comunidades adquieran conciencia que el agua es la fuente de vida y por ello se debe proteger los mantos acuíferos, no contaminarles y no vender el recurso. Además, se hizo un llamado al Estado para proteger el bien natural y no permitir que se privatice.

Para cerrar, se concluyó que de aprobarse la Ley de soberanía alimentaria, habrá más producción agrícola con enfoque orgánico y por ende bajarían los precios en el mercado. Además, al no usar agrotóxicos se disminuye la contaminación del aire, el agua, tierra, plantas y animales y esto garantiza una población más saludable; así mismo, se genera independencia, porque el pueblo tendría la oportunidad de cultivar, consumir sus productos orgánicos y gradualmente dejar los productos transgénicos.

Por otro lado, de aprobarse la Ley general de aguas, con enfoque en usos prioritarios, mejoraría los costos del recurso hídrico y existiría la posibilidad que sea administrado por la misma población y no por empresas; ayudando así a mejorar la salud, y dado que cuenta con enfoque de género, beneficiaría a las mujeres quienes más sufren las consecuencias de no tener un marco jurídico que defienda el derecho humano al agua.