Comunidades del departamento de Cabañas, acompañadas por organizaciones comunitarias y populares hermanas de otros lugares de nuestro país, participamos hoy en esta caminata en defensa del agua y la vida, que hemos denominado “Cabañas y El Salvador libres de minería”. Lo hacemos conscientes de que la vida no es posible sin el agua, y el agua es imposible con minería metálica; por tanto, venimos a reiterar nuestra opción por el agua y la vida ¡SIN MINERÍA!

Hace siete años El Salvador optó por la vida y dijo NO a la minería, aprobando una ley que prohíbe en forma definitiva la minería de metales en todo el territorio. Esta ley se aprobó por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017, después de un amplio debate nacional y una lucha de más de una década, en la que -incluso- murieron asesinados compañeros y una compañera ambientalista. Nos referimos a Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, nuestros mártires ambientalistas.

Este consenso nacional por la vida y contra la minería metálica se logró porque todos los sectores sociales, políticos, religiosos y gremiales del país nos dimos cuenta de que con la minería metálica los costos serían mucho mayores que los posibles beneficios. La información sobre los impactos de la minería en el agua, los ecosistemas, la agricultura, la ganadería, la pesca y la salud de las personas nos convenció de que esta peligrosa industria extractiva es inviable en nuestro país por ser territorialmente pequeño, sobrepoblado, con un grave deterioro ecológico y con un creciente estrés hídrico.

Los enormes daños que provoca la minería metálica hacen que las empresas extranjeras prefieran venir a extraer metales a nuestras tierras, en vez de hacerlo en sus propios países. Sólo para recordar un ejemplo: la empresa Pacific Rim declaraba en su estudio de factibilidad que utilizaría 11.5 litros de agua por segundo, en su proyecto minero El Dorado, es decir, casi un millón de litros de agua diarios. Esta mina, si se hubiera instalado, habría terminado los ríos y mantos acuíferos de esta la zona; como pasó en Honduras con una mina en Valle de Siria, donde fueron secados 19 de los 23 ríos que existían.

Abrir proyectos mineros en Cabañas y en zona norte del país provocaría un irreversible desastre ambiental que haría inviable la continuidad de la vida en nuestro país, especialmente por la contaminación del Río Lempa, amenazado también por la minería transfronteriza en Guatemala. La minería sería el acabose del deterioro ecológico propiciado por el calentamiento global, la contaminación, la deforestación y todos los proyectos depredadores del medioambiente que se impulsan con el argumento falaz de que “no se puede detener el desarrollo”.

Por eso es importante mantener la prohibición de la minería metálica. Sin embargo, vemos con preocupación las intenciones de reactivar proyectos mineros, intenciones que se confirman con la incorporación de El Salvador al Foro Intergubernamental sobre Minería Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible con sede en Canadá; y con la aprobación de una nueva Ley de Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, que incluye la minería metálica a pesar de estar prohibida.

Y en este contexto de señales de reactivación de la minería se da el proceso penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES. Ellos son héroes ambientales de la lucha por agua y la vida contra la minería; sin embargo, el Estado ahora los trata como delincuentes, enjuiciándolos por un delito que no cometieron. La Fiscalía y los tribunales los acusan de cometer un supuesto asesinato durante el conflicto armado, presentando como prueba a un testigo falso que primero dijo que presenció los hechos y después que le contaron lo sucedido.

Como han señalado centenares de organizaciones y reconocidas personalidades nacionales e internacionales, la persecución legal contra estos compañeros es una instrumentalización de la justicia para criminalizar al activismo ambiental y para debilitar la resistencia comunitaria contra la minería. Detrás de esta aberración jurídica y política está el interés de quienes quieren extraer metales del subsuelo nacional sin importar las fatales consecuencias.

Por eso, en esta caminata en defensa del agua y la vida, tenemos como demandas mantener la prohibición de la minería metálica y liberar a los ambientalistas de Santa Marta y ADES. Por tanto, hacemos los siguientes llamados:

-Al gobierno salvadoreño: que respete el consenso nacional por el agua y la vida, y se abstenga de promover acciones orientadas a la reactivación de la minería metálica.

-A la Asamblea Legislativa: que se abstenga de derogar o reformar la ley que prohíbe la minería y también se abstenga de aprobar leyes o reformas paralelas que permitan la minería.

-A la Fiscalía y al sistema judicial: que cese la persecución contra los líderes de Santa Marta y ADES; que los liberen inmediatamente y pongan fin a la criminalización del activismo ambiental.

-A toda la población salvadoreña: que defendamos el agua y la vida, y luchemos por mantener al país libre de minería metálica.

-A la comunidad internacional: a estar atenta de lo que sucede en nuestro país y respaldar en todo momento a las comunidades y organizaciones que luchamos por el agua, el medioambiente y la vida.

¡Sí al agua y a la vida; y No a la reactivación de la minería!

¡Libertad para los defensores ambientales de Santa Marta y ADES!

Cabañas: 30 de abril de 2024.